Condenan a un sindicalista por cortar los cables de una cámara en el aeropuerto
Una sentencia dictada por un juez de Palma ha condenado a un sindicalista, que pertenece al comité de empresa de una sociedad que explota varios restaurantes en el aeropuerto de Son Sant Joan, que se dedicó a sabotear las cámaras de seguridad que se habían instalado para descubrir quién robaba el dinero de la caja de la recaudación. La sentencia condena al acusado por los delitos de coacciones y daños. Por el primero tendrá que cumplir nueve meses de prisión, mientras que por los daños ha sido condenado a la pena de 15 meses de multa con una cuota diaria de seis euros.
Los hechos se remontan al año 2008. El acusado fue contratado como técnico de mantenimiento de una empresa que explota varios establecimientos de cafetería y restauración del aeropuerto de Palma. Además de empleado, el acusado era miembro del Comité de Empresa.
Los representantes de los trabajadores estuvieron en desacuerdo con la decisión de la empresa de colocar diversas cámaras de grabación en las instalaciones. El objetivo de esta medida era descubrir quién era el autor de la desaparición del dinero de la caja. La empresa colocó las cámaras de tal forma que enfocaban directamente la cajas de recaudación. Antes de conectar las cámaras se comunicó la decisión adoptada a la Guardia Civil y a la Policía del aeropuerto, a AENA y al Comité de Empresa. Al mismo tiempo, se instalaron en lugares visibles carteles informativos de la instalación de las cámaras, como exigía la legislación.
A los trabajadores no les sentó nada bien esta medida. Se organizaron actos de protesta, como huelgas y concentraciones, en las que participó el acusado como representante del comité de empresa, como señala la sentencia.
El juez declara probado que el representante sindical, aprovechando un acto de protesta, retiró los cinco carteles adhesivos que se habían colocado para informar de la presencia de estas cámaras. Más o menos en las mismas fechas, el representante de los trabajadores, que era especialista en mantenimiento, se dedicó a cortar los cables de cobre que unían las cámaras con los puntos de almacenaje de datos. También se dedicó a desconectar la alimentación eléctrica, de tal forma que la cámara no podía captar la señal.
Ante este boicot la empresa decidió instalar una microcámara en la caja de registros para descubrir al autor de los sabotajes. El acusado se dio cuenta de ello y se aprovechó de su condición de técnico de mantenimiento para entrar en la sala donde estaba instalada la microcámara y desconectarla.
El juez Juan Manuel Sobrino ha analizado si la instalación de estas cámaras de seguridad atentaban a la intimidad del personal y llega a la conclusión de que no es así porque el objetivo es descubrir a la persona que se dedicaba a vaciar las cajas de recaudación.
El magistrado también analiza las distintas manifestaciones realizadas por el acusado, que inicialmente negó ser el autor de los sabotajes, aunque reconoce que en una ocasión tuvo que desconectar la cámara de grabación. La sentencia considera que se trató de un acto de venganza derivada de una disputa laboral y que las propias cámaras de seguridad demuestran que el autor del sabotaje fue el representante sindical de la plantilla de trabajadores de estos restaurantes.
